(Nº2) Contra la especulación inmobiliaria

Desahucios, desalojos, aumento de las hipotecas, burbujas inmobiliarias, alquileres disparados, casas vacías, gente viviendo en la calle… Las personas cada vez perdiendo más y los bancos, inmobiliarias, entidades públicas y privadas, aumentando sus ingresos. ¿Hasta cuándo?

Gente sin casa y casas sin gente

Existen alrededor de 26 millones de casas en todo el Estado español, de las cuales al menos 3,5 millones se encuentran vacías. Estos datos son aportados por el I.N.E. (Instituto Nacional de Es­tadística) en el 2011, último año que este organismo ha realizado un estudio sobre la relación de viviendas y po­blación. Posterior al 2011, en la Comunidad de Madrid, encontramos varias y diversas fuentes de información no oficiales que datan de un total de 3 millones de viviendas en pie, de las cuales, más de 200.000 permanecen cerra­das a cal y canto. En esta cantidad de viviendas vacías, no se cuentan aquellas que son segundas o terceras resi­dencias, siendo en algunos casos inmuebles deshabitados definitivamente o con un uso muy esporádico.

Se castiga la pobreza

Cada vez más asfixiados por la dinámica en la que el Estado y el capitalismo nos hace partícipes, no paramos de escuchar a políticos afirmando que durante años he­mos vivido por encima de nuestras posibilidades y que, de semejante derroche, se deviene de forma imparable la supuesta crisis económica en la que estamos envuel­tos. Básicamente, se nos culpa y se nos hace responsables de la burbuja inmobiliaria, de la escasez de recursos, del paro, del trabajo precario y en general de la mal llamada “crisis económica”.

Pero en el otro lado de la moneda de la precariedad, el problema de la vivienda y la especulación inmobiliaria, se encuentran los eternos invisibles: las personas que se ven destinadas a vivir en la calle o no tienen una vivien­da estable donde vivir. Aquellos que no conforman, ni si quiera, una clase social porque se pertenece a alguna de ellas tanto en cuanto tengas, aunque sea, un mínimo de poder adquisitivo.

Muchas personas en este país acuden a servicios socia­les a diario, dependen de dichos techos para no dormir en la calle o forman parte de la larga lista de personas que se acercan a comedores sociales para poder comer. Otros muchos, no lo hacen y viven en la calle, debajo de un puen­te, en un cajero automático y comen lo que pueden y van consiguiendo ante la constante indiferencia de la sociedad.

Nuevamente se analiza el problema social de la men­dicidad o los “sin techo” como si fuera la consecuencia de una mala gestión de su vida privada, de colapsos emo­cionales, situaciones traumáticas o vivencias estresantes. Porque son raros, desviados y no acaban de encajar en la sociedad. Como si el resultado de vivir en la calle fuera algo aislado de las desigualdades sociales ante las cuales, salimos siempre perjudicados. Como si el trabajo o la au­sencia de él, carecer de vivienda y verse durmiendo en la calle, fuera culpa y responsabilidad una vez más, de los propios afectados. Se les tacha de drogadictos, alcohóli­cos, delincuentes… a pesar de que la mayoría de las per­sonas que se encuentran en esta situación, no consumen dichas sustancias. Con este discurso, se trata de despo­litizar el problema, de aislarlo de un conjunto de pautas políticas y sociales injustas y de personalizarlo con pro­cesos individuales ante los cuales, solo cabe la caridad eclesiástica, de la O.N.G. de turno, o la indiferencia.

Desahucios y desalojos

En total, durante el año 2017, 35.666 familias y parti­culares fueron desahuciados de pisos de alquiler y 22.330 familias perdieron su casa por no pagar la hipoteca (casi 62 diarios). En total, se habla de casi 60.000 expulsiones de hogares por cualquiera que fuera el motivo sin incluir en esta cifra las múltiples viviendas okupadas que han sido desalojadas que no se recogen en este tipo de esta­dísticas, algo que hace superar con creces las cifras ofi­ciales. Pero hay que tener en cuenta que el problema va más allá de la cantidad de viviendas desalojadas, porque tras cada una de ellas, se encuentran personas y familias, por pequeñas que sean. Son casos minoritarios aquellos en los que una casa es habitada por una sola persona, es decir, el problema de los desahucios y desalojos afecta a muchísimo más de 60.000 personas.

En el caso de los alquileres, el hecho de que se produz­can casi 100 desahucios al día, es consecuencia de que a día de hoy el precio del alquiler ha aumentado a valores nunca antes vistos, llegando a alcanzar los más de 300 eu­ros el valor de una habitación en un piso compartido en un barrio como Carabanchel o Vallecas, o los más de 800 euros el precio de un piso en el mismo barrio o similar.

Con estos datos, la comunidad de Madrid se sitúa en la cuarta comunidad autónoma de España con más des­ahucios llevados a cabo en todo el país.

Los responsables

Al menos el 80% de las viviendas que permanecen vacías, son propiedad de la banca y el resto son prácti­camente de todas de las empresas constructoras que las acumulan para su venta futura, fondos de inversión o fondos buitre.

Los bancos que más desahucios han estado produ­ciendo son el BBVA, que acapara el 15,9 % del total. Tras él se sitúa Bankia con el 15,2 % de los desahucios. No muy lejos está el Banco Santander, al que corresponden el 14,2 % y le siguen Caixa Bank y Catalunya Caixa con el 13,8 % y el 9,8 % respectivamente. A parte de estas entidades españolas, la responsabilidad de los desahu­cios no recae exclusivamente sobre bancos nacionales, ya que también se hallan involucrados entidades ex­tranjeras como Deutsche Bank o Lieberbank.

Pero no sólo de bancos va la cosa. El Ayuntamiento de Madrid, a pesar de sus promesas, está efectuando desalo­jos de casas okupadas desde que comenzó con su man­dato. La alcaldesa Manuela Carmena, además, está emi­tiendo distintas “propuestas” en forma de chantaje para tratar de formalizar varios centros sociales okupados de Madrid y “legalizar” su situación para convertirlos en es­pacios controlados y regulados por la propia administra­ción, adjudicándose así la tutela y adscribirlos como un centro cultural más dependiente de este organismo. Ello conlleva, evidentemente, la aceptación de los criterios y patrones del ayuntamiento convirtiéndose así en espa­cios institucionales al servicio de su gestión, perdiendo la autonomía en todos los sentidos (discurso, horarios, límites, gestión, tipo de actividades, etc.) y formando parte de un plan de gobierno concreto con una ideología y procedimientos marcados. Esto nos viene a demostrar que el gobierno, sea cual sea su signo, siempre va a mos­trar sus garras cuando vea que pierde terreno y control de todo aquello que se escapa de sus límites y como es obvio, estos centros sociales okupados que se han negado a perder su independencia para continuar siendo espa­cios okupados y auto-gestionados, son automáticamente envueltos en un proceso de desalojo.

Otros de los grandes responsables de la especulación inmobiliaria son las grandes empresas del sector. A la ca­beza de todas las promotoras aparece Metrovacesa, con­trolada por el Banco Santander, BBVA y Banco Popular. También ACS, que es una de las más importantes cons­tructoras a nivel nacional e internacional cuyo dueño es el conocido Florentino Pérez. Le siguen las conocidas OHL o FCC que son las empresas constructoras que efec­túan la mayoría de las obras públicas. También contamos con los famosos fondos de inversión facilitados por el go­bierno y los fondos buitre que no dejan pasar una opor­tunidad de rascar todo lo que se pueda.

En el caso del alquiler, el destinado a uso turístico está siendo uno de los mayores problemas en algunos barrios como Lavapiés. La gentrificación, (o aburguesamiento) va estrechamente ligado a este factor. La empresa de al­quiler vacacional Airbnb, principal protagonista y líder en el sector del alquiler turístico, ha aumentado la can­tidad de estos pisos en el barrio de Lavapiés en un 85%. Y también, las ya conocidas Tecnocasa o Redpiso, por ejemplo, que no paran de abrir franquicias en todos los barrios, intermedian y perpetúan la gran subida del al­quiler de los últimos tiempos.

La nueva ley de desahucio exprés

La nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que entró en vigor el pasado 2 de julio, agiliza el proce­dimiento de desalojo de viviendas okupadas a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o instituciones y en­tes públicos.

Funciona mediante la emisión por parte del dueño de una demanda de juicio verbal en la que solicita “la inme­diata entrega de la posesión de la vivienda”. De esta for­ma, el juzgado pone cinco días de plazo a los okupantes (no necesariamente identificados, produciéndose en este caso el proceso, contra la persona que se encuentre en la vivienda en el momento del desalojo) para que acrediten la posesión del inmueble. Posterior a ello, si los okupantes no presentan ninguna acreditación de estar en posesión de la vivienda o de residir legalmente mediante un contrato de arrendamiento, el juzgado puede proceder al desalojo del mismo sin que quepa lugar a recurso y pudiendo reali­zarse sin que se cumplan los veinte días de plazo.

La ley justifica esta reforma con el argumento de que han aumentado en los últimos años las ocupaciones de inmuebles con fines lucrativos y delictivos, como por ejemplo los narcopisos o los pisos re-alquilados. Esto es una excusa para que PP, C´s y PNV se hayan puesto de acuerdo para llevar a cabo esta ley de desalojo exprés con el objetivo de proteger una vez más a los multipropieta­rios y organismos públicos y para dejar en la estacada a las miles de personas que sobreviven gracias a la oku­pación, no sin antes, intentando desvirtuar esta práctica situándola al mismo nivel del tráfico de drogas o de la especulación inmobiliaria a pequeña escala.

La otra vía de desalojo: Desokupa

En el otro lado del auge de los desalojos, se gesta la empresa Desokupa, la más famosa y polémica, pero no la única en practicar este tipo de actividades.

Estas entidades legalmente constituidas y que, según sus declaraciones, actúan siempre bajo la ley, son obje­to de importantes señalamientos al tener unos procesos más que dudosos en su actividad.

El dueño del inmueble okupado, solicita estos servi­cios con el objetivo de recuperar su vivienda sin tener que llegar a abrirse un procedimiento jurídico. Es decir, estas personas actúan de “mediadores” para agilizar el proceso de desalojo de forma “amistosa” (según ellos) abaratando considerablemente el proceso y con un alto índice de éxito.

Pero, ¿por qué generan tanta polémica? Esta empre­sa, está formada por boxeadores, neonazis, ex-milicia­nos ultranacionalistas serbios, etc. La forma de proceder es montando un comando en la entrada de la vivienda con las escrituras del dueño en la mano y un contrato que autoriza a dicho comando a efectuar esa mediación “pacífica” y “legal” en su nombre. Saben sortear bien la legalidad en muchos de los casos, pero a pesar de ello, ya se han emitido querellas en contra de este grupo por coacción y amenazas. Su metodología asegura que, ante la primera intentona de negociar con los okupantes su abandono del inmueble de forma amistosa, el siguiente paso es vigilar la casa las 24h para que, irremediablemen­te, el okupante abandona el inmueble por la presión ejer­cida. A parte, aseguran que, si el okupante abandona en algún momento la casa (para ir a cualquier sitio y luego volver) y ésta se queda vacía, ellos se encargan de que no pueda volver a acceder a ella.

La realidad es que, en ocasiones no hace falta mu­cho más para que las personas que están okupando se marchen (a pesar de que este hecho en sí mismo implica coacción) pero en otras ocasiones este grupo que cree sortear bien los límites de la legalidad, la sobrepasa intro­duciéndose en la vivienda, tapiando ventanas y puertas, agrediendo a personas, amenazando, etc.

La clara permisividad e impunidad que tienen a la hora de actuar, da que pensar que las instituciones no estén muy interesadas en acabar con ellos. Por un lado, descongestionan los juzgados. Por otro, se producen des­alojos de forma efectiva sin que ellos se vean implicados y con su imagen más ensuciada. Esto ha hecho crecer el sector de forma considerable en los últimos años y a día de hoy existen bastantes más empresas de “des-okupa­ción” que se han subido al carro de los desalojos.

La okupación como solución

La okupación en Madrid no es algo reciente si no que se remonta, sobretodo, a los años 70 cuando aparecen las primeras okupaciones organizadas que conformaban parte de lo que era el movimiento organizado de okupa­ción vinculadas, especialmente, a organizaciones vecina­les. Comienzan a darse las primeras okupaciones en la ciudad que, a pesar de no durar mucho tiempo, serían el germen de lo que en el futuro significaría esta lucha todavía muy presente a día de hoy.

Esta opción tanto de vida como de organización co­mún (ya sea formando centros sociales okupados, ate­neos, espacios comunitarios, pueblos, parques, etc.) nace para dotar de una solución al problema de la vivienda por un lado, y a la necesidad de tener espacios de reu­nión, organización, divulgación de la cultura y encuentro entre iguales alejados de opciones parlamentarias, por otro. El objetivo de esta práctica fue y será la de criticar de forma radical al sistema que cada día nos sometía y somete más para poder acceder a necesidades tan básicas como la vivienda o la toma del espacio común. Es una forma de señalar activamente la lacra de la especulación inmobiliaria y de la propiedad privada y se presenta a la sociedad como una herramienta que, durante décadas ha funcionado y que con los últimos acontecimientos polí­ticos que estamos viviendo, ha dejado de ser algo exclusi­vo de un cierto sector más estrechamente vinculado con ello, para pasar a ser algo extendido a gran parte de la población como una solución factible. Porque a muchas personas hoy en día ya no les resulta pudoroso okupar una casa de un banco, del famoso “banco malo” o de un fondo de inversión. El resultado de ello son casi 90.000 viviendas okupadas en todo el estado español, una cifra más que significativa que evita que muchas personas vi­van en la calle.

Las redes de apoyo mutuo en los barrios

Desde que presenciamos el aumento de desahucios y la ofensiva que se lanza contra gran parte de la sociedad de ser expulsados de sus casas sin ningún tipo de escrúpulo, muchas personas y grupos han decidido pasar a la acción para dejar de ser sujetos pasivos ante un problema que nos afecta directamente a nosotros. Tras comprobar desde los barrios que ninguna entidad gubernamental y, ni mucho menos privada, iba a ayudarnos ante esta situación, se han creado distintos espacios (algunos más recientes y otros ya conocidos) para tratar de parar los desahucios compa­ginándose con otros colectivos y prácticas surgidas ante­riormente que han servido como un amplio abanico de opciones de acción directa, apoyo mutuo y solidaridad. Dentro de éstas nos referimos a las distintas oficinas de okupación que hay en algunos centros sociales okupados de Madrid, decenas de escritos y manuales con informa­ción útil, coordinadoras y espacios de organización co­munes para generar contacto entre proyectos okupados, abogados para asesorar en temática legal, resistencia a desalojos y desahucios, campañas contra la especulación inmobiliaria y en favor de la okupación, asambleas de in­quilinos, comunidades enteras y pueblos okupados que se auto-organizan de forma independiente, etc.

No nos van a echar

Con el tema de la vivienda, como con el resto de cues­tiones que atañen a nuestra vida, se nos presenta desde las autoridades y en forma de leyes esta cuestión como algo a asumir e imposible de cambiar. Como si las leyes y las consecuencias que tienen sobre nosotros fueran algo perpetuo e inquebrantable y como si durante años atrás, muchas generaciones no se hubieran saltado la legalidad en pro de conseguir opciones de vida más dignas, más colectivas, menos individualizadas y al margen del sis­tema y de sus reformas democráticas, en muchos casos, con resultados muy positivos.

No vamos a resignarnos mientras vemos como nues­tros vecinos están siendo sometidos a procesos de hosti­gamiento liderados por bancos e impulsados por el go­bierno, ni tampoco a sentirnos culpables de la situación a la que nos han empujado sin ni si quiera ser partícipes de las decisiones que toman sobre nuestras vidas. No que­remos pedirle clemencia a las autoridades que se lucran, junto con las entidades bancarias, de los desahucios, ni queremos leyes o reformas más justas o menos injustas que nos sigan esclavizando y nos sigan atando a tener que pagar una hipoteca o alquiler que, en cualquiera de los casos, será siempre desorbitada y seguirá perpetuan­do el estilo de vida de las élites propietarias. No podemos dar el brazo a torcer cuando seguimos presenciando des­pilfarros de millones de euros para seguir enriquecien­do los bolsillos de los mismos y por supuesto, no vamos a sentir pudor de traspasar la legalidad y arrebatarle a los bancos y grandes propietarios lo que debería de ser nuestro en vez de un negocio del estado y empresarios. Tampoco queremos seguir viendo a gente en la calle ni queremos seguir escuchando noticias que hablan de las 17.000 personas que se han suicidado desde el año 2017 a raíz de la “crisis”. Maticemos: suicidios no, asesinatos.

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